El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se encuentra en el centro de un proceso legal que ha captado la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este jueves, el máximo tribunal anunció que revisará los amparos interpuestos por la defensa del político, los cuales cuestionan las acusaciones emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y plantean que no se respetaron sus derechos de audiencia y defensa. Este caso ha sido un tema recurrente en las sesiones del tribunal, que lo atrajo para tomar una decisión definitiva.
La defensa de Duarte ha presentado dos amparos, uno relacionado con la acusación por lavado de dinero y otro que se refiere a la vinculación a proceso del exgobernador. Según el equipo legal, Duarte fue extraditado desde Estados Unidos a México bajo la premisa de que no se le podrían imputar cargos adicionales a los que ya enfrentaba en una causa penal anterior, que incluye delitos de asociación delictuosa y peculado, identificada como 3041/2019 en el fuero común.
A pesar de esta condición de extradición, el Gobierno de México solicitó al Juzgado de Miami, Florida, autorización para presentar nuevos cargos en contra de Duarte. Esta solicitud fue aprobada en junio de 2022, lo que llevó a su arresto el 8 de diciembre de 2025. Desde entonces, se encuentra recluido en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. La defensa argumenta que durante este proceso, no se le permitió al exgobernador ejercer su derecho a una defensa adecuada frente a las nuevas acusaciones en su contra.
Los amparos en cuestión, identificados como 1241/2024 y 1783/2024, han sido fundamentales en la estrategia de la defensa, que sostiene que la falta de audiencia y una defensa efectiva contradicen los derechos fundamentales de Duarte. La SCJN ahora tiene la responsabilidad de analizar estos recursos y determinar si se han vulnerado los derechos del exmandatario en este proceso judicial.
El desenlace de este caso no solo es crucial para César Duarte, sino que también podría sentar un precedente importante en el ámbito legal sobre las condiciones de extradición y los derechos de los acusados. La atención pública y mediática sobre este asunto es notable, dada la relevancia política que ha tenido y el impacto que podría tener en la percepción de la justicia en México, especialmente en casos de alto perfil como el de Duarte.
