El legislador Alfredo Chávez, quien coordina el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, ha manifestado que la propuesta para establecer una Fiscalía autónoma en la entidad no tiene como objetivo crear un contrapeso al gobierno estatal en el ámbito de la seguridad, sino más bien el de fortalecer una institución que atienda de manera efectiva las necesidades de la ciudadanía.
En una reciente entrevista, el diputado destacó la importancia de los contrapesos dentro del sistema de poder, sin embargo, enfatizó que en cuestiones de seguridad lo primordial debe ser la colaboración entre las diferentes instancias gubernamentales en lugar de generar conflictos. «En la seguridad tiene que haber coordinación, y no se trata de romper con esa colaboración», agregó Chávez, dirigiéndose a los medios de comunicación como tiempo.com.mx y puentelibre.mx.
La propuesta legislativa que ha presentado Chávez implica que el Fiscal General del Estado sea designado mediante la mayoría calificada del Congreso, a partir de una terna que será enviada por el Poder Ejecutivo. Esta figura deberá rendir cuentas directamente al Congreso, a diferencia del proceso actual, que solo permite que el Legislativo ratifique al fiscal propuesto por el Ejecutivo.
El diputado argumentó que esta reforma es una respuesta a la urgente necesidad de actualizar el marco legal y las instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia, recordando que Chihuahua es una de las pocas entidades que aún carece de una Fiscalía con autonomía, a pesar de que este modelo ya está establecido a nivel federal.
Chávez también enfatizó que la finalidad de esta iniciativa no es designar un fiscal que responda a intereses partidistas, sino uno que actúe en beneficio de todos los habitantes de Chihuahua, independientemente de su afiliación política. Además, subrayó que la responsabilidad en materia de seguridad es compartida entre diversas autoridades, desde los policías municipales hasta los más altos niveles de gobierno. La iniciativa, que ha sido desarrollada durante más de tres meses, incluye artículos transitorios que regularán su implementación y la protección de los derechos laborales del personal actual de la Fiscalía, y requerirá al menos 22 votos en el Congreso para su aprobación.
